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Més de mig milió d’euros de fiança per denunciar xiringuitos i corrupteles a la UAB

Reproduïm la part textual d’un artícle aparegut el passat 28 de maig al diari Público, per entendre les raons per les que arrel d’una denúncia inicial de l’anterior Equip de Govern de la UAB, 25 estudiants i ex-estudiants de la UAB, un treballador d’administració i serveis i un professor enfronten un judici penal on el fiscal els ha demanat, per a cadascun d’ells/es, penes d’entre 11 anys i 5 mesos de presó i 14 anys de presó, a banda de quantioses multes i 5 anys d’allunyament de la universitat.

Font: http://www.publico.es/sociedad/subida-tasas-medio-millon-euros.html

Medio millón de euros de fianza para los 27 okupas que denunciaron los chiringuitos universitarios

Los imputados en el macrojuicio enfrentan además penas de hasta 14 años de prisión por protestar contra la subida de las tasas y la mercantilización de la enseñanza.

Ni hoy es 28 de diciembre ni esto es una broma”, aseguraba esta semana el profesor universitario Ermengol Gassiot Ballbé al dar a conocer un auto judicial dictado el pasado 5 de mayo por el que se le exige, junto a otro miembro del personal administrativo y de servicios (PAS) y a 25 estudiantes y ex estudiantes entre los que se halla el alcalde de Argentona por la CUP (Eudald Calvo), el desembolso de una fianza de 511.835 euros, con el pretexto de garantizar la reparación de los daños supuestamente provocados por los imputados durante un encierro de protesta contra la subida de las tasas y la mercantilización de la enseñanza que tuvo lugar en el rectorado de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en la primavera de 2013.

No es, ni de lejos, la primera vez que los estudiantes ocupan un campus universitario catalán porque, de hecho, las movilizaciones que ahora se juzgan acontecieron un año después de que otro grupo de activistas llevaran a cabo acciones similares en la Universidad de Barcelona. Tampoco fue, ni por asomo el encierro más violento y, sin embargo, no existe un caso precedente conocido tras la caída del franquismo de represalias políticas y judiciales contra estudiantes de semejante magnitud. De acuerdo al relato de los hechos construido por la fiscalía con arreglo a la denuncia inicial del rectorado y ahora asumido como probable por el juez instructor, se colige que los 27 procesados formaban parte de un “entramado criminal” que conspiraba de forma coordinada en las catacumbas del sistema para derribar la institución mediante procedimientos violentos de algún modo inspirados en la kale borroka.

Si 26 de ellos se declararan insolventes, el tribunal embargaría a uno de los 27.

El abono de la fianza por responsabilidad civil deberá ser efectuado en un plazo no superior a las 24 horas, contadas desde el momento en que se les notifique la acusación y sean formalmente requeridos para ello. A partir de entonces y de manera inmediata, serán embargados los bienes de los encausados que no certifiquen su insolvencia. El pago debe realizarse de forma solidaria por uno, varios o todos los imputados, lo que significa, por ilustrarlo con un ejemplo, que si 26 de ellos se declararan insolventes, el tribunal embargaría a uno de los 27, hasta cubrir la suma total de la fianza.

Todas las nóminas de los encausados que, como Ermengol Gassiot, posean un empleo, serán embargadas en los porcentajes máximos establecidos por la ley si tal y como parece, no son capaces de hacer frente a la fianza. A juicio de los colectivos que, como el grupo Som 27 y més, se han solidarizado con los procesados, dicha decisión es una condena tácita anterior a la sentencia que vulnera su derecho a la presunción de inocencia y que comprometerá seriamente las posibilidades de subsistencia de un grupo de personas, en su mayoría jóvenes, que viven ya de hecho en precarias condiciones.

“Las pérdidas diversas de los servicios del rectorado”

Se da la circunstancia de que el magistrado del Juzgado de Instrucción Número 2 de Cerdanyola del Vallés que ha dictado el auto de apertura del juicio oral -Claudio Alejandro Montero Fernández- no sólo no ha rebajado la petición de fianza realizada por la fiscalía en el escrito de acusación, sino que la ha endurecido incrementándola en 126.997 euros (casi un 25 por ciento). En su petición de medidas cautelares, el fiscal solicitaba que se pagara 384,838,38 euros, de acuerdo a un peritaje de los desperfectos causados durante el encierro que el rectorado de la UAB incluyó en su primera denuncia.

En la valoración citada de los daños y perjuicios a la que inicialmente se aferraba el rectorado, se culpaba a los imputados de la pérdida de horas laborales por valor de 227.245 euros; en 58.780 euros se fijaban los gastos por horas de trabajo dedicadas a plan de contingencia y en 41.760 euros, las pérdidas ocasionadas por los gastos derivados de la gestión del conflicto. Finalmente, se cifraban en 25.032, los costes de los servicios de vigilancia; en 17.240 euros, “las pérdidas diversas de los servicios del rectorado” y en 14.780, los desperfectos materiales en pintura, rotulación, jardinería, cristales y mobiliario.

El nuevo rectorado de la UAB de oposición moderada que reemplazó al equipo de Ferran Sancho intentó posteriormente enmendar a la baja el peritaje tras conocer la dureza de las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía a tenor de su denuncia, presentando una segunda valoración de las responsabilidades civiles que reducía hasta los 10.000 euros la estimación de los desperfectos supuestamente provocados. Ésta, sin embargo, no fue aceptada por el juzgado que instruía el sumario, dado que el rectorado había retirado para entonces su demanda y, por lo tanto, no formaba parte de la acusación particular. Los imputados especulan con que el juez Montero Fernández haya incrementado la petición de fianza de la fiscalía atendiendo a un tercer peritaje, “todavía más desorbitado, y realizado a instancias de alguna de las acusaciones particulares que también concurren al proceso”.

En el mismo acto de apertura del juicio oral dictado por el Juzgado de Cerdanyola del Vallés se imputa a los 27 encausados un delito continuado de desórdenes públicos, otro de allanamiento de domicilio de una persona jurídica mediante la intimidación, así como daños y coacciones orientadas a restringir el acceso de 526 trabajadores a sus puestos de trabajo. Siete de los imputados son también acusados de “un delito continuado de coacciones encaminado a restringir la libertad ambulatoria y de expresión de los supuestamente perjudicados”, traducción penal del “escrache” que los activistas realizaron a Silvia Carrasco Pons. Esta afiliada de Iniciativa per Catalunya Verds y Comisiones Obreras era la cuestionada interlocutora de los ocupantes del claustro, tras ser elegida como vicerectora de Estudiantes y Cooperación con sólo un 10 por ciento de los votos de los alumnos de la facultad donde ejercía sus labores docentes.

Juicio político

Las penas de prisión que el fiscal solicita para estos siete últimos procesados son de catorce años. Al resto se le pide once y medio más cinco de alejamiento de las dependencias universitarias, lo que implicaría de facto el despido inmediato de los dos encausados que trabajan en la UAB, el ya citado Ermengol Gassiot y Jordi Gassiot, primo del anterior, y miembro del personal de servicios y administrativo (PAS). De este modo, el primero ha atesorado los dos dudosos honores de ser el primer profesor universitario denunciado por su rectorado desde 1966 amén de uno de los pocos líderes sindicales que, junto a Diego Cañamero, del Sindicato de Obreros del Campo (SOC), han sido procesados desde la caída del régimen franquista.

Además de profesor de Prehistoria y arqueólogo forense especializado en inhumaciones de fosas de la Guerra Civil, Ermengol Gassiot ocupa la secretaría general de la Confederación General del Trabajo (CGT) de Catalunya desde abril de 2014, un año después de que tuvieran lugar los hechos del campus de Bellaterra que ahora se juzgan. Antes de eso y desde 2010, había desempeñado el cargo de secretario de Acción Social. A partir de 2006, formaba parte también del comité de empresa de la UAB, lo que explica, entre otras cosas, su implicación en la lucha por la que se le juzga, junto al resto de encausados.

Al abogado de los estudiantes, Eduardo Cáliz, no le cabe duda alguna de que lo que se halla en marcha es un juicio político contra los líderes estudiantiles y sindicales y contra las organizaciones que, a juicio del rectorado, venían señalándose en la lucha por los derechos del alumnado y el personal docente, administrativo y de servicios. Los grupos de solidaridad con los imputados van todavía más allá cuando afirman que el proceso tiene algo también de ajuste de cuentas contra quienes se atrevieron a denunciar, con nombres y apellidos, los chiringuitos privados, privilegios e irregularidades de los responsables universitarios que patrocinaron la denuncia.

El encierro en el campus que ha dado lugar a este proceso judicial se gestó en el contexto de una serie de movilizaciones estudiantiles en contra de los recortes del presupuesto educativo y de los despidos de personal a los que presumiblemente estos iban a dar origen. En diciembre de 2012, el claustro anual de la UAB -constituido por los estudiantes y por representantes del personal universitario- logró aprobar un documento no vinculante donde se solicitaba, entre otras cosas, al rectorado presidido por Ferran Sancho que no aplicara el incremento de las tasas de matrícula (de hasta un 66,7 por ciento, en el caso de Catalunya), que concediera al alumnado de la UAB bonificaciones de transporte y que emprendiera una política de transparencia que impidiera que la universidad pública fuera un vívero de fundaciones y consorcios privados a cuya sombra se han lucrado algunos de sus responsables y docentes.

Las sospechas de corrupción se extendían sobre el propio rector Ferran Sancho, su antecesora Ana Ripoll, y alguno de los colaboradores más estrechos de ambos, directamente vinculados con algunas de las fundaciones a las que acusa de irregularidades la CGT, primera fuerza sindical entre el profesorado precario de la UAB y la Universidad de Barcelona. La avalancha de dudas fundadas sobre la limpieza de las actividades de la UAB y sus gestores fue dada a conocer mediante sucesivos escritos de denuncia en los que se pedían explicaciones, entre otras muchas cosas, acerca del “funcionamiento irregular” de “ciertos chiringuitos” como la Barcelona Graduate School, el Parc de la Recerca, la Fundació UAB (FUAB) o MOVE, beneficiarios todos ellos en “dudosas condiciones” de millones de euros procedentes de las arcas públicas.

La CGT denunció también que algunos docentes habían suscrito convenios privados con empresas bajo el paraguas de la institución y apuntó directamente a Sancho como uno de los responsables de un consorcio público-privado que proporcionaba personal para la docencia sin efectuar concursos. Por su parte, este último respondió en su día amenazando con interponer una demanda por injurias que jamás llegó a materializarse. En su lugar, algunos de los denunciantes han terminado criminalmente enjuiciados en el proceso cuya vista oral acaba de abrirse, lo que en opinión de los procesados viene a respaldar la idea del “ajuste de cuentas”.

Sancho fue elegido como rector de la UAB, para reemplazar a Ana Ripoll, en junio de 2012, pese a que la candidatura de oposición de Pere Solà que apoyaban los ahora imputados obtuvo en la primera vuelta casi el 80 por ciento de los votos totales. Esto fue posible, entre otras cosas, gracias a un cuestionado sistema electoral que otorga a los docentes funcionarios el 51 por ciento del voto ponderado y que como consecuencia, margina tanto a los estudiantes como al resto de los empleados.

En ese contexto de movilizaciones y huelgas deciden ocupar el rectorado de Bellaterra un centenar y medio de estudiantes el 16 de abril de 2013. Un sólo punto concretaba sus reivindicaciones: el deseo de que el rectorado negociara el cumplimiento de la moción aprobada por el “parlamento de la UAB” o claustro. Una semana después de que diera inicio la ocupación, en vísperas de Sant Jordi, la Plataforma para la Universidad Pública (PUC) -de la que también forman parte, entre otros, CCOO y la UGT- solicitaba al profesorado y al resto de la comunidad universitaria que se unieran al encierro. Fue a partir de ese llamamiento cuando se adhirieron a las movilizaciones los dos delegados sindicales -Ermengol y Jordi Gassiot- incluidos en la lista de 27 imputados.

El entierro se prolongó durante 31 días, pero sólo a partir de la tercera semana se cerraron las puertas de las instalaciones para impedir el acceso de los trabajadores, a modo de medida de presión y a imitación de lo que habían hecho recientemente otros activistas en la Universidad de Barcelona contra los que, sin embargo, no hubo represalias. A mediados de mayo de 2013 y sin que la policia interviniera en el desalojo, los estudiantes abandonaron el edificio de vacío.

Ni hubo concesiones, ni se produjeron detenciones o se abrieron expedientes, pero al cabo de los días, Silvia Carrasco, se presentó en unas dependencias policiales como vicerectora de Estudiantes para presentar una denuncia contra uno de los imputados, Oriol Guerra, a quien responsabilizaba especialmente del escrache del que había sido víctima. Esta denuncia fue ampliada posteriormente en una segunda demanda interpuesta por el rectorado de la UAB, que adjuntó un documento de 600 páginas donde se detallaban pormenorizadas descripciones de las actividades de la oposición, “producto del espionaje”.

La ficción que, a juicio de la defensa, construyó la rectoría con la ayuda de Carrasco y de varios becarios venía a asegurar que existía un entramado criminal compuesto por las secciones sindicales del profesorado precario y los trabajadores de servicios y la administración, asi como por la CGT, el Sindicat d’Estudians dels Paisos Catalans (cercano a la izquierda independentista catalana) y los Colectivos Asamblearios de la Universidad y la Intersindical Alternativa de Catalunya (CAU-IAC). Fue también en esas denuncias donde se propocionaba el listado de los 27 participantes en la ocupación que finalmente van a ser procesados, de acuerdo a una petición del fiscal que, según los imputados, asume a pies juntillas “el constructo fantasioso de la rectoría para represaliar por la vía judicial cualquier intento no tutelado de disidencia”.

El juez acepta los argumentos del fiscal

En palabras de Ermengol Gassiot Ballbé, “el listado de 27 incriminados presentado por Carrasco y posteriormente asumido por la rectoría y la fiscalía incluía a dos estudiantes señalados de cada facultad, lo que viene a confirmar la voluntad política que tenían los denunciantes de decapitar el movimiento estudiantil endureciendo la represión de los movimientos sociales en los campus. Esto es una tendencia general en todo el estado español, donde vienen produciéndose de forma sucesiva un goteo de denuncias contra los líderes estudiantes de protestas en universidades del País Vasco, Lleida o Cantabria, entre otras. Es obvio también que cargaron contra la CGT debido a la fuerza y la representatividad que el sindicato anarquista ha ido cobrando entre el profesorado precario de las universidades barcelonesas”.

Entre las prácticas franquistas que en opinión de los imputados utilizó contra ellos el anterior equipo rector de la UAB se hallaba la utilización de fondos públicos para espiar las actividades públicas de los líderes más señalados sirviéndose de los servicios universitarios de seguridad. “La universidad identificó y estigmatizó a algunos de nosotros, mientras trataba de extender la falsa idea de que algunos profesores entre los que me cuento nos servíamos de los campus para fabricar kale borroka y arrojar a los estudiantes contra el sistema”, precisa Gassiot Ballbé.  Incluso el modo en que la fiscalía estructuró su escrito de acusación guarda semejanzas con el del sumario 18/98 contra entornos abertzales del País Vasco”.

A la defensa de los 27 encausados le ha sorprendido que el magistrado de Cerdanyola del Vallés haya aceptado los argumentos del fiscal en su acto de apertura oral del juicio, aunque el juez Claudio Alejandro Montero Fernández era ya bien conocido por otros polémicos autos anteriores, como el que dictó el 27 de septiembre de 2012 ordenando el desalojo de la masía de Can Piella en un plazo de diez días, contradiciendo así la jurisprudencia de las audiencias provinciales de Girona, Barcelona, Madrid y Guipúzcoa, que en su día dictaminaron que ese tipo de litigios relacionados con la ocupación de fincas abandonadas deberían dirimirse por la vía civil.

Por otro lado, en el transcurso de las movilizaciones que se han llevado a cabo contra el juicio desde la primavera de 2013, resultó quemada la furgoneta personal de Ermengol Gassiot, cuando permanecía estacionada en la población de Terrassa. Los hechos sucedieron en septiembre del pasado año, tan sólo un día después de una protesta contra el procesamiento judicial de los 27 activistas. Gassiot ignora las razones de los hechos o si, en verdad, se hallan vinculadas con su participación en este caso. De lo que no alberga duda alguna es que el vehículo fue quemado deliberadamente en represalia por alguna de sus actividades anarcosindicales. Los 4.000 euros en los que se cifró el valor del vehículo fueron recogidos en tan sólo unas horas mediante una campaña de crowdfunding organizada en beneficio de Gassiot.”