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CGT-UAB rebutja el Model de Dedicació Acadèmica proposat per l’Equip de la Rectora Arboix

Atesa la convocatoria d’una Mesa de Negociació prevista per a demà en relació al Model de Dedicació Acadèmica, la Secció Sindical de CGT a la UAB rebutja el Model de Dedicació Acadèmica proposat per l’Equip de la Rectora Marga Arboix, i que pretén implantar-se en el curs 2018-2019. Aquest MDA continua i consolida els principis neoliberals i la perspectiva de gerència empresarial que va introduir l’Equip de la Rectora Anna Ripoll, i que va aprofundir l’Equip del Rector Ferran Sancho”. Més informació aquí:

1.- La instrumentalització de la docència:  https://cgtuab.wordpress.com/2016/04/26/861/

2.- https://cgtuab.wordpress.com/2017/06/21/desde-cgt-denunciem-la-continuitat-del-model-de-dedicacio-variable-a-la-uab/

3.- https://cgtuab.wordpress.com/2016/10/24/sobre-la-continuitat-del-model-de-dedicacio-del-2009-que-proposa-lequip-de-la-rectora-arboix-preliminars-per-a-una-analisi/

Secció sindical de la CGT a la UAB

Anuncis

Més de mig milió d’euros de fiança per denunciar xiringuitos i corrupteles a la UAB

Reproduïm la part textual d’un artícle aparegut el passat 28 de maig al diari Público, per entendre les raons per les que arrel d’una denúncia inicial de l’anterior Equip de Govern de la UAB, 25 estudiants i ex-estudiants de la UAB, un treballador d’administració i serveis i un professor enfronten un judici penal on el fiscal els ha demanat, per a cadascun d’ells/es, penes d’entre 11 anys i 5 mesos de presó i 14 anys de presó, a banda de quantioses multes i 5 anys d’allunyament de la universitat.

Font: http://www.publico.es/sociedad/subida-tasas-medio-millon-euros.html

Medio millón de euros de fianza para los 27 okupas que denunciaron los chiringuitos universitarios

Los imputados en el macrojuicio enfrentan además penas de hasta 14 años de prisión por protestar contra la subida de las tasas y la mercantilización de la enseñanza.

Ni hoy es 28 de diciembre ni esto es una broma”, aseguraba esta semana el profesor universitario Ermengol Gassiot Ballbé al dar a conocer un auto judicial dictado el pasado 5 de mayo por el que se le exige, junto a otro miembro del personal administrativo y de servicios (PAS) y a 25 estudiantes y ex estudiantes entre los que se halla el alcalde de Argentona por la CUP (Eudald Calvo), el desembolso de una fianza de 511.835 euros, con el pretexto de garantizar la reparación de los daños supuestamente provocados por los imputados durante un encierro de protesta contra la subida de las tasas y la mercantilización de la enseñanza que tuvo lugar en el rectorado de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en la primavera de 2013.

No es, ni de lejos, la primera vez que los estudiantes ocupan un campus universitario catalán porque, de hecho, las movilizaciones que ahora se juzgan acontecieron un año después de que otro grupo de activistas llevaran a cabo acciones similares en la Universidad de Barcelona. Tampoco fue, ni por asomo el encierro más violento y, sin embargo, no existe un caso precedente conocido tras la caída del franquismo de represalias políticas y judiciales contra estudiantes de semejante magnitud. De acuerdo al relato de los hechos construido por la fiscalía con arreglo a la denuncia inicial del rectorado y ahora asumido como probable por el juez instructor, se colige que los 27 procesados formaban parte de un “entramado criminal” que conspiraba de forma coordinada en las catacumbas del sistema para derribar la institución mediante procedimientos violentos de algún modo inspirados en la kale borroka.

Si 26 de ellos se declararan insolventes, el tribunal embargaría a uno de los 27.

El abono de la fianza por responsabilidad civil deberá ser efectuado en un plazo no superior a las 24 horas, contadas desde el momento en que se les notifique la acusación y sean formalmente requeridos para ello. A partir de entonces y de manera inmediata, serán embargados los bienes de los encausados que no certifiquen su insolvencia. El pago debe realizarse de forma solidaria por uno, varios o todos los imputados, lo que significa, por ilustrarlo con un ejemplo, que si 26 de ellos se declararan insolventes, el tribunal embargaría a uno de los 27, hasta cubrir la suma total de la fianza.

Todas las nóminas de los encausados que, como Ermengol Gassiot, posean un empleo, serán embargadas en los porcentajes máximos establecidos por la ley si tal y como parece, no son capaces de hacer frente a la fianza. A juicio de los colectivos que, como el grupo Som 27 y més, se han solidarizado con los procesados, dicha decisión es una condena tácita anterior a la sentencia que vulnera su derecho a la presunción de inocencia y que comprometerá seriamente las posibilidades de subsistencia de un grupo de personas, en su mayoría jóvenes, que viven ya de hecho en precarias condiciones.

“Las pérdidas diversas de los servicios del rectorado”

Se da la circunstancia de que el magistrado del Juzgado de Instrucción Número 2 de Cerdanyola del Vallés que ha dictado el auto de apertura del juicio oral -Claudio Alejandro Montero Fernández- no sólo no ha rebajado la petición de fianza realizada por la fiscalía en el escrito de acusación, sino que la ha endurecido incrementándola en 126.997 euros (casi un 25 por ciento). En su petición de medidas cautelares, el fiscal solicitaba que se pagara 384,838,38 euros, de acuerdo a un peritaje de los desperfectos causados durante el encierro que el rectorado de la UAB incluyó en su primera denuncia.

En la valoración citada de los daños y perjuicios a la que inicialmente se aferraba el rectorado, se culpaba a los imputados de la pérdida de horas laborales por valor de 227.245 euros; en 58.780 euros se fijaban los gastos por horas de trabajo dedicadas a plan de contingencia y en 41.760 euros, las pérdidas ocasionadas por los gastos derivados de la gestión del conflicto. Finalmente, se cifraban en 25.032, los costes de los servicios de vigilancia; en 17.240 euros, “las pérdidas diversas de los servicios del rectorado” y en 14.780, los desperfectos materiales en pintura, rotulación, jardinería, cristales y mobiliario.

El nuevo rectorado de la UAB de oposición moderada que reemplazó al equipo de Ferran Sancho intentó posteriormente enmendar a la baja el peritaje tras conocer la dureza de las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía a tenor de su denuncia, presentando una segunda valoración de las responsabilidades civiles que reducía hasta los 10.000 euros la estimación de los desperfectos supuestamente provocados. Ésta, sin embargo, no fue aceptada por el juzgado que instruía el sumario, dado que el rectorado había retirado para entonces su demanda y, por lo tanto, no formaba parte de la acusación particular. Los imputados especulan con que el juez Montero Fernández haya incrementado la petición de fianza de la fiscalía atendiendo a un tercer peritaje, “todavía más desorbitado, y realizado a instancias de alguna de las acusaciones particulares que también concurren al proceso”.

En el mismo acto de apertura del juicio oral dictado por el Juzgado de Cerdanyola del Vallés se imputa a los 27 encausados un delito continuado de desórdenes públicos, otro de allanamiento de domicilio de una persona jurídica mediante la intimidación, así como daños y coacciones orientadas a restringir el acceso de 526 trabajadores a sus puestos de trabajo. Siete de los imputados son también acusados de “un delito continuado de coacciones encaminado a restringir la libertad ambulatoria y de expresión de los supuestamente perjudicados”, traducción penal del “escrache” que los activistas realizaron a Silvia Carrasco Pons. Esta afiliada de Iniciativa per Catalunya Verds y Comisiones Obreras era la cuestionada interlocutora de los ocupantes del claustro, tras ser elegida como vicerectora de Estudiantes y Cooperación con sólo un 10 por ciento de los votos de los alumnos de la facultad donde ejercía sus labores docentes.

Juicio político

Las penas de prisión que el fiscal solicita para estos siete últimos procesados son de catorce años. Al resto se le pide once y medio más cinco de alejamiento de las dependencias universitarias, lo que implicaría de facto el despido inmediato de los dos encausados que trabajan en la UAB, el ya citado Ermengol Gassiot y Jordi Gassiot, primo del anterior, y miembro del personal de servicios y administrativo (PAS). De este modo, el primero ha atesorado los dos dudosos honores de ser el primer profesor universitario denunciado por su rectorado desde 1966 amén de uno de los pocos líderes sindicales que, junto a Diego Cañamero, del Sindicato de Obreros del Campo (SOC), han sido procesados desde la caída del régimen franquista.

Además de profesor de Prehistoria y arqueólogo forense especializado en inhumaciones de fosas de la Guerra Civil, Ermengol Gassiot ocupa la secretaría general de la Confederación General del Trabajo (CGT) de Catalunya desde abril de 2014, un año después de que tuvieran lugar los hechos del campus de Bellaterra que ahora se juzgan. Antes de eso y desde 2010, había desempeñado el cargo de secretario de Acción Social. A partir de 2006, formaba parte también del comité de empresa de la UAB, lo que explica, entre otras cosas, su implicación en la lucha por la que se le juzga, junto al resto de encausados.

Al abogado de los estudiantes, Eduardo Cáliz, no le cabe duda alguna de que lo que se halla en marcha es un juicio político contra los líderes estudiantiles y sindicales y contra las organizaciones que, a juicio del rectorado, venían señalándose en la lucha por los derechos del alumnado y el personal docente, administrativo y de servicios. Los grupos de solidaridad con los imputados van todavía más allá cuando afirman que el proceso tiene algo también de ajuste de cuentas contra quienes se atrevieron a denunciar, con nombres y apellidos, los chiringuitos privados, privilegios e irregularidades de los responsables universitarios que patrocinaron la denuncia.

El encierro en el campus que ha dado lugar a este proceso judicial se gestó en el contexto de una serie de movilizaciones estudiantiles en contra de los recortes del presupuesto educativo y de los despidos de personal a los que presumiblemente estos iban a dar origen. En diciembre de 2012, el claustro anual de la UAB -constituido por los estudiantes y por representantes del personal universitario- logró aprobar un documento no vinculante donde se solicitaba, entre otras cosas, al rectorado presidido por Ferran Sancho que no aplicara el incremento de las tasas de matrícula (de hasta un 66,7 por ciento, en el caso de Catalunya), que concediera al alumnado de la UAB bonificaciones de transporte y que emprendiera una política de transparencia que impidiera que la universidad pública fuera un vívero de fundaciones y consorcios privados a cuya sombra se han lucrado algunos de sus responsables y docentes.

Las sospechas de corrupción se extendían sobre el propio rector Ferran Sancho, su antecesora Ana Ripoll, y alguno de los colaboradores más estrechos de ambos, directamente vinculados con algunas de las fundaciones a las que acusa de irregularidades la CGT, primera fuerza sindical entre el profesorado precario de la UAB y la Universidad de Barcelona. La avalancha de dudas fundadas sobre la limpieza de las actividades de la UAB y sus gestores fue dada a conocer mediante sucesivos escritos de denuncia en los que se pedían explicaciones, entre otras muchas cosas, acerca del “funcionamiento irregular” de “ciertos chiringuitos” como la Barcelona Graduate School, el Parc de la Recerca, la Fundació UAB (FUAB) o MOVE, beneficiarios todos ellos en “dudosas condiciones” de millones de euros procedentes de las arcas públicas.

La CGT denunció también que algunos docentes habían suscrito convenios privados con empresas bajo el paraguas de la institución y apuntó directamente a Sancho como uno de los responsables de un consorcio público-privado que proporcionaba personal para la docencia sin efectuar concursos. Por su parte, este último respondió en su día amenazando con interponer una demanda por injurias que jamás llegó a materializarse. En su lugar, algunos de los denunciantes han terminado criminalmente enjuiciados en el proceso cuya vista oral acaba de abrirse, lo que en opinión de los procesados viene a respaldar la idea del “ajuste de cuentas”.

Sancho fue elegido como rector de la UAB, para reemplazar a Ana Ripoll, en junio de 2012, pese a que la candidatura de oposición de Pere Solà que apoyaban los ahora imputados obtuvo en la primera vuelta casi el 80 por ciento de los votos totales. Esto fue posible, entre otras cosas, gracias a un cuestionado sistema electoral que otorga a los docentes funcionarios el 51 por ciento del voto ponderado y que como consecuencia, margina tanto a los estudiantes como al resto de los empleados.

En ese contexto de movilizaciones y huelgas deciden ocupar el rectorado de Bellaterra un centenar y medio de estudiantes el 16 de abril de 2013. Un sólo punto concretaba sus reivindicaciones: el deseo de que el rectorado negociara el cumplimiento de la moción aprobada por el “parlamento de la UAB” o claustro. Una semana después de que diera inicio la ocupación, en vísperas de Sant Jordi, la Plataforma para la Universidad Pública (PUC) -de la que también forman parte, entre otros, CCOO y la UGT- solicitaba al profesorado y al resto de la comunidad universitaria que se unieran al encierro. Fue a partir de ese llamamiento cuando se adhirieron a las movilizaciones los dos delegados sindicales -Ermengol y Jordi Gassiot- incluidos en la lista de 27 imputados.

El entierro se prolongó durante 31 días, pero sólo a partir de la tercera semana se cerraron las puertas de las instalaciones para impedir el acceso de los trabajadores, a modo de medida de presión y a imitación de lo que habían hecho recientemente otros activistas en la Universidad de Barcelona contra los que, sin embargo, no hubo represalias. A mediados de mayo de 2013 y sin que la policia interviniera en el desalojo, los estudiantes abandonaron el edificio de vacío.

Ni hubo concesiones, ni se produjeron detenciones o se abrieron expedientes, pero al cabo de los días, Silvia Carrasco, se presentó en unas dependencias policiales como vicerectora de Estudiantes para presentar una denuncia contra uno de los imputados, Oriol Guerra, a quien responsabilizaba especialmente del escrache del que había sido víctima. Esta denuncia fue ampliada posteriormente en una segunda demanda interpuesta por el rectorado de la UAB, que adjuntó un documento de 600 páginas donde se detallaban pormenorizadas descripciones de las actividades de la oposición, “producto del espionaje”.

La ficción que, a juicio de la defensa, construyó la rectoría con la ayuda de Carrasco y de varios becarios venía a asegurar que existía un entramado criminal compuesto por las secciones sindicales del profesorado precario y los trabajadores de servicios y la administración, asi como por la CGT, el Sindicat d’Estudians dels Paisos Catalans (cercano a la izquierda independentista catalana) y los Colectivos Asamblearios de la Universidad y la Intersindical Alternativa de Catalunya (CAU-IAC). Fue también en esas denuncias donde se propocionaba el listado de los 27 participantes en la ocupación que finalmente van a ser procesados, de acuerdo a una petición del fiscal que, según los imputados, asume a pies juntillas “el constructo fantasioso de la rectoría para represaliar por la vía judicial cualquier intento no tutelado de disidencia”.

El juez acepta los argumentos del fiscal

En palabras de Ermengol Gassiot Ballbé, “el listado de 27 incriminados presentado por Carrasco y posteriormente asumido por la rectoría y la fiscalía incluía a dos estudiantes señalados de cada facultad, lo que viene a confirmar la voluntad política que tenían los denunciantes de decapitar el movimiento estudiantil endureciendo la represión de los movimientos sociales en los campus. Esto es una tendencia general en todo el estado español, donde vienen produciéndose de forma sucesiva un goteo de denuncias contra los líderes estudiantes de protestas en universidades del País Vasco, Lleida o Cantabria, entre otras. Es obvio también que cargaron contra la CGT debido a la fuerza y la representatividad que el sindicato anarquista ha ido cobrando entre el profesorado precario de las universidades barcelonesas”.

Entre las prácticas franquistas que en opinión de los imputados utilizó contra ellos el anterior equipo rector de la UAB se hallaba la utilización de fondos públicos para espiar las actividades públicas de los líderes más señalados sirviéndose de los servicios universitarios de seguridad. “La universidad identificó y estigmatizó a algunos de nosotros, mientras trataba de extender la falsa idea de que algunos profesores entre los que me cuento nos servíamos de los campus para fabricar kale borroka y arrojar a los estudiantes contra el sistema”, precisa Gassiot Ballbé.  Incluso el modo en que la fiscalía estructuró su escrito de acusación guarda semejanzas con el del sumario 18/98 contra entornos abertzales del País Vasco”.

A la defensa de los 27 encausados le ha sorprendido que el magistrado de Cerdanyola del Vallés haya aceptado los argumentos del fiscal en su acto de apertura oral del juicio, aunque el juez Claudio Alejandro Montero Fernández era ya bien conocido por otros polémicos autos anteriores, como el que dictó el 27 de septiembre de 2012 ordenando el desalojo de la masía de Can Piella en un plazo de diez días, contradiciendo así la jurisprudencia de las audiencias provinciales de Girona, Barcelona, Madrid y Guipúzcoa, que en su día dictaminaron que ese tipo de litigios relacionados con la ocupación de fincas abandonadas deberían dirimirse por la vía civil.

Por otro lado, en el transcurso de las movilizaciones que se han llevado a cabo contra el juicio desde la primavera de 2013, resultó quemada la furgoneta personal de Ermengol Gassiot, cuando permanecía estacionada en la población de Terrassa. Los hechos sucedieron en septiembre del pasado año, tan sólo un día después de una protesta contra el procesamiento judicial de los 27 activistas. Gassiot ignora las razones de los hechos o si, en verdad, se hallan vinculadas con su participación en este caso. De lo que no alberga duda alguna es que el vehículo fue quemado deliberadamente en represalia por alguna de sus actividades anarcosindicales. Los 4.000 euros en los que se cifró el valor del vehículo fueron recogidos en tan sólo unas horas mediante una campaña de crowdfunding organizada en beneficio de Gassiot.”

LA INSTRUMENTALITZACIÓ DE LA DOCÈNCIA

1. ANTECEDENTS

Una de les iniciatives de caràcter estratègic de l’Equip de Govern de la UAB va ser fer aprovar a través del Consell de Govern del 23-I-2014 un nou model de dedicació acadèmica, a l’empara del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo – l’anomenat “decreto Wert”– que, entre d’altres mesures, estableix en el seu títol II un règim de dedicació variable en les obligacions del professorat funcionari de les universitats.

Com sabeu, el Real Decreto defineix tres perfils de dedicació, en funció exclusivament de les avaluacions positives rebudes sobre l’activitat investigadora: 16 crèdits ECTS, 24 crèdits ECTS i 32 crèdits ECTS. Tanmateix, l’Equip de Govern va instrumentalitzar la normativa anterior per desenvolupar un nou sistema de còmput de l’activitat docent, introduint normes ad hoc de reducció docent al marge de les contingues al Real Decreto i establint un sistema de quantificació de la docència que ha comportat, respecte al sistema vigent fins el curs 2013-2014, una sensible reducció en les hores d’activitat docent reconegudes al professorat per la seva tasca.

2. LES CONSEQÜÈNCIES SOBRE LA DEDICACIÓ DOCENT REGLADA OFICIAL

A partir del curs 2014-2015 el professorat es va trobar que l’activitat docent que se li consignava per impartir classe en un determinat grup es va veure sensiblement retallada respecte a la que se li reconeixia per haver fet classe en un grup idèntic (mateixa assignatura, mateix nombre d’estudiantes etc.) en el curs 2013-2014 sota el model de còmput de la docència vigent fins llavors. Per quins motius: tant per la desaparició de les hores reconegudes per preparació de classes, 45 hores fins llavors, com per la reducció en la valoració de les tasques de tutorització, seguiment i avaluació d’activitats dirigides. Per una anàlisi detallada podeu consultar el comunicat “El model de dedicació docent i els tripijocs del Vicerector Donaire”.

Com a resultat de l’anterior, una part important del professorat ha sofert un increment en la seva docència efectiva presencial respecte a la que havia de donar en el model anterior donat que l’Equip de Govern va imputar sobre aquest professorat els costos del desplegament del seu model i del seu sistema de reduccions a la carta. (Veure enllaç anterior així com taules comparatives).

Alhora, sense haver-ho aprovat en cap òrgan ni informar ningú, l’Equip de Govern va modificar una sèrie de paràmetres fonamentals del full del pla docent individual que ha de signar el professorat, fen molt més opaca i lesiva pels interessos de la majoria la gestió de l’activitat acadèmica (veure annex a peu de plana per a una descripció detallada).

Per últim, el model aprovat conté en la seva pròpia definició un element que distorsiona a la baixa la càrrega docent reconeguda al professorat com a conseqüència de calcular les hores reconegudes per tasques de seguiment segons la mida del grup definida per trams de deu en deu en lloc de fer-ho pel nombre real d’estudiants matriculats (veure apartat 5.2 del reglament de dedicació acadèmica del professorat). Per exemple, un professor/a amb un grup de 59 estudiants matriculats veu reconegudes les mateixes hores d’activitat docent que si en el grup tingués únicament 50 matriculats: 45 hores presencials*(1,5+0,2*Part sencera (59/10))=112,5hores. En realitat, caldria que el model li assignés 120,6 hores (=45*(1,5+0,2*(59/10)) per tal de ser menys biaixat. Això té, òbviament, efectes a l’hora de calcular les necessitats de plantilla: reconèixer menys hores de docència al professorat suposa incrementar de manera fictícia la capacitat teòrica individual de docència i, per tant, reduir la mida teòrica de plantilla. Podeu veure una anàlisi amb més detall al document biaixaments del MDA.

3. LA SUPEDITACIÓ DE LA DEDICACIÓ REGLADA OFICIAL ALS INTERESSOS PRIVATS

Simultàniament, i com a contrapunt a l’anterior, a determinat professorat se li va donar la possibilitat de fruir de reduccions docents en funció del volum de recursos generat per la seva activitat empresarial (en la neollengua de l’Equip: en tasques de transferència; veure apartat 4.3.d del model de dedicació acadèmica) per exemple – però no exclusivament – via l’activitat en spin-offs; empreses de base tecnològica etc.: veure acord 33/2014 de 30 d’octubre de la Comissió de Personal Acadèmic.

Sense cap escrúpol, es desvirtua també un dels arguments utilitzats per justificar us sistema de dedicació variable en el mateix moment en que el model de dedicació acadèmica en el seu punt 2.5 assimila sota certs supòsits un tram de gestió a un tram de recerca. Així mateix, aprofitant-se de la discrecionalitat que confereix el redactat del model de dedicació acadèmica, professorat que imparteix voluntàriament cursos MOOC (tal vegada perquè el Vicerector Donaire va ser una de les persones que els va iniciar a la UAB?) que no són ni reglats ni oficials, veu reconegut en el seu pla docent oficial una part de les hores que hi dedica (veure aquí així com acord 34/2014 de 30 d’octubre de la Comissió de Personal Acadèmic).

Un pas més enllà el suposa el fet de que la dedicació en mestratges oficials a preus no subvencionats, impartits a través de la Fundació UAB i que el professorat que els imparteix voluntàriament ho fa a canvi d’importants sobresous, passi a ser reconeguda en el pla docent oficial, tal com sembla desprendre’s del document annex al punt 4.1 del Consell de Govern del passat 10 de març (veure plana dos del document enllaçat).

De fet, una de les claus del model és precisament el menyspreu de la docència reglada oficial a preus públics, en benefici de tasques que no tenen res que veure amb la recerca acadèmica ni amb la docència pública oficial. En aquest sentit, no és excusable la hipocresia que suposa pretendre justificar un sistema de dedicació variable quan una part significativa del professorat funcionari que fa mans i mànigues per reduir-se la seva activitat docent en l’esfera pública de la UAB intenta desprès fer tanta docència com pot en mestratges i cursos en l’esfera privada de la UAB, tant via fundació UAB (que, recordi’s, acumula un important deute) com en centres propis; tant en el si d’espais de l’Esfera UAB com fent, en sentit literal, les Amèriques per tal d’anar a donar classes a canvi de sucosos sobresous en escoles i universitats privades, malgrat l’acord que es va aprovar per majoria en el Claustre de desembre de 16-XII-2010 (vegi’s text de la proposta aquí). Veure també els comunicats Corrupció a la UAB?, La UAB actua com una masia bananera , La trama 1.0 i Irregularitats i tractes de favor?

Es pot esperar cap mena d’autoregulació d’aquells que s’embutxaquen fins a 407€ nets per cada hora de classe i més de 40.000€ per tasques de coordinació? (podeu consultar el conveni en qüestió aquí; les xifres esmentades les trobareu a la darrera plana del document pdf.. Més informació aquí i aquí (pàg.3 en especial).

Què dir de l’Equip de Govern, donant el silenci com a resposta a peticions d’informació (la podeu consultar aquí) atesos els vincles d’alguns dels seus membres amb l’entramat muntat. Al respecte, veure el cas del Rector amb la Barcelona Graduate School i el MOVE.

Secció sindical CGT–UAB

ANNEX

1.- En molts casos, en especial el del professorat funcionari a temps complert que no està en règim de dedicació de 16 ECTS, el nombre d’hores setmanals que se li va fer constar com a docència impartida en el curs 2014-2015 superava el topall corresponent a la seva dedicació màxima (veure text ressaltat planes 1 i 2 del document 1). Pel curs 2015-2016 aquest fet queda emmascarat per la via de fer desaparèixer del full individual del pla docent la informació relativa a la seva dedicació setmanal (veure document 2). Així mateix, deixen de fer-se constar quantes són les hores nominals que ha de fer el professor/ra així com les hores d’exempció docent a les que pugui tenir-se dret (veure plana 1 document 2).

2.- El període de classes consignant en el full individual deixa de ser continu per passar a ser discontinu: si en una setmana es tenen classes en dies que són festius, com per exemple els corresponents a la festa del dia de la Mercè o la del 8 de desembre, la setmana en qüestió desapareix del període docent declarat al professorat (veure document 2, text ressaltat sobre dates) malgrat es facin activitats de tutories i de preparació de classes.

3.- Atès que una de les variables pel còmput docent és el nombre d’estudiants matriculats, caldria la màxima cura en la correcta quantificació de la xifra. Tanmateix, en la majoria de departaments l’encàrrec docent del professorat per un curs donat es determina de facto a partir de la xifra d’estudiants matriculats en el curs anterior. Suposadament, aquestes dades es corresponent amb les que es publiquen en l’aplicatiu de transparència del pla docent (TPD). No obstant això, es permet que en determinades Facultats es faci una gestió “singular” de determinats ítems, fins i tot una vegada tancades les actes de qualificació de les notes, en particular el que figura sota la denominació de “Alumnes internacionals, llicenciatura i d’altres..” que desprès distribueixen entre el professorat que imparteix l’assignatura de manera discrecional, generant-se greuges comparatius. Aquesta qüestió ja va ser denunciada el juny de l’any passat al Vicerector Donaire, sense que aquest donés, com és habitual, cap resposta. Alhora, hi ha constància documental de professorat al que, una vegada tancades actes, se li modifica a la baixa (per sota del nombre real de matriculats segons l’aplicatiu SIGMA-CDS) el nombre d’estudiants que se li imputa en el full de transparència del pla docent.

Dossier: [pmasters]

Finalment sembla que es desmantellarà un «xiringuito» anomenat pmasters que desenvolupa les seves activitats a Vila Universitària: aquí podeu fer un passeig virtual per les seves aules.

Una part de les activitats que s’hi desenvolupaven consistia en oferir cursos a preus privats. De fet, l’invent els hi anava molt bé: en el 2013-2014 d’una tacada van aprovar 8 mestratges amb uns ingressos previstos de 820.450€. Tant bé ha funcionat que fins i tot en les seves cerimònies hi assistia algun conegut ultralliberal de la dreta catalana (veure també aquí) i es celebraven actes de clausura d’alt nivell a la sala d’actes del Rectorat:

http://www.pmasters.es/documentos/clausura/Julio2013/video1a.mp4
http://www.pmasters.es/documentos/clausura/Julio2013/video2a.mp4

Tanmateix, sembla ser que algunes persones no en van tenir prou amb el tema econòmic. De fet, ens consta que es va haver d’activar un requeriment d’inspecció de Treball, amb data de 16-XII-2015.

Amb aquests antecedents, et demanem Rector, donada la teva condició de president del patronat de la FUAB, fundació que controla Vila Universitària S.L. en instal·lacions de la qual desenvolupa les seves activitats pmasters, que donis explicacions de les accions empreses en relació a pmasters així com sobre els seus responsables… Aquesta vegada, això sí, no ens menteixis tal com vas fer aquí.

La trama 1.0

La Fundació UAB (FUAB) és una fundació civil privada participada al 100% per la UAB que es va constituir davant notari el 6 de febrer de 1998. Segons els seus estatuts té com a objectiu “la col·laboració amb la UAB en el foment realització d’activitats docents, de recerca i de prestació de tots aquells serveis vinculats a l’activitat universitària” (vegis pàg. 9- 10 de L’informe 22/2013 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya). Controla, ja sigui com a soci únic ja sigui com a soci majoritari, diversos ens jurídics, entre els quals està l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral, Vila Universitària S. L. o els Serveis de Turisme i d’Hosteleria Campus S. A. (veure pàg. 13 i 21 del document esmentat). També hi forma part, entre d’altres ens, l’Hotel Campus S. L. (fins el 31 de juliol de 2010 anomenat hotel SERHS Campus, vinculat a Ramon Bagó i on es celebraven la majoria de consells nacionals del partit del cas del 3%) així com UAB-Formació Professional, dedicada a vendre cicles de formació professional, algun dels quals a 9450€.

Des de gener de 2015 (acord 5/2015 del Consell de Govern del 27-I-2015) té adscrita l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona – fUABf – ens instrumental que gestiona l’oferta docent de diversos graus i mestratges oficials a preus privats on participa a títol lucratiu, entre d’altres, professorat funcionari de la UAB, que es treuen sucosos sobresous impartint classes: al respecte, veure per exemple la plana 3 de l’annex IV de l’acord relatiu al punt 4.1 de l’ordre del dia del Consell de Govern del 27-I-2015 (cal IP de la UAB) referit a l’anomenat Màster Universitari en Comptabilitat Superior i Auditoria, de caràcter oficial però ofertat a preus privats: 100€ per hora de classe impartida i 8000€ per tasques de coordinació.

Financerament la situació de la FUAB fa anys que és força problemàtica: tot i haver rebut de la UAB en concepte de “Subvencions, donacions i llegats rebuts” 7,7M€ el 2011 (veure plana 31 de l’Informe 22/2013) tenia subscrits dos préstecs sindicats (veure pàg. 32 l’Informe 22/2013)per import de 16,30M€ en un cas i de 11,88M€ en un altre, en relació als quals “Les obligacions assumides per la FUAB d’aquests dos préstecs sindicats estan garantides per la UAB”. De la mateixa manera, els resultats de l’exercicis fiscalitzats per la Sindicatura eren negatius: 0,13M€ en el 2011 (pàgs. 36 i 37 de l’Informe esmentat).

Actualment, segons dades que la Vicerectora Montserrat Farell va presentar en format PowerPoint – però que no va facilitar com a documentació de la sessió – en el Consell de Govern del 10 de desembre passat la situació no ha millorat pas: es reconeix un deute global a 31 de desembre de 2014 per import de 44,4M€ (veure plana 2 document) amb uns ingressos de l’exercici de 37,1M€ i unes despeses de l’exercici de 38,9M€ i, per tant, un resultat negatiu de l’exercici 2014 per import de 1,76M€ (veure plana 3 document).

Menció especial es mereixen certes “peculiaritats” en relació a determinades inversions immobiliàries: la FUAB va rebre 5,52M€ del Ministeri de l’Habitatge, més 5,40M€ de la Generalitat així com la subsidiació d’interessos per part del Ministeri per tal de finançar la construcció de 300 habitatges de protecció oficial. Tanmateix únicament es van construir 216 (veure plana 41 de l’Informe de la Sindicatura esmentat). A més, en ser de protecció oficial el preu màxim de lloguer està limitat per llei: atesa la seva gravetat reproduïm textualment el paràgraf de l’informe:

“Aquests habitatges estan qualificats com de protecció oficial en règim de lloguer. Per al curs 2011-2012 el preu màxim del lloguer dels habitatges protegits d’acord amb el Decret 13/2010, del 2 de febrer, era de 7,28 €/m2 útils mensuals, que equival a 233 € mensuals per habitatge tenint en compte els metres quadrats útils. El lloguer establert en el contracte entre la FUAB i Vila Universitària, SL (0,90 M€ pels 216 habitatges) és superior a aquest preu”.

“D’altra banda, s’ha tingut accés a dos contractes de lloguer formalitzats per Vila Universitària, SL (un del curs 2011-2012 i un altre del curs 2012-2013) i s’ha constatat que els preus mensuals totals són de 805 € i de 785 €, respectivament.

Totes les al·legacions que va presentar la FUAB sobre aquestes qüestions a la Sindicatura no van ser acceptades (veure plana 61 de l’Informe esmentat).

De fet, sense anar més lluny, demà mateix l’Equip de Govern pretén en el Consell de Govern que s’ha de celebrar que s’aprovi la creació d’un nou ens anomenat “Fundació Alumni i Amics de la UAB”: suposadament té entre les seves finalitats “Promoure la captació de recursos per a la UAB i el mecenatge” (veure pàg. 1 del document enllaçat; cal IP de la UAB). Tanmateix a la UAB l’operació li resulta força onerosa: es preveu que amb càrrec al pressupost de la UAB s’aporti durant els dos primers anys 161.742€ cada any i es cedeixi a títol gratuït la Torre Vila-Puig on s’ubicaria la seu de la Fundació assumint la UAB les seves despeses de funcionament, a més de donar 30.000€ per a facilitar la seva constitució (veure plana 4 del document Pla actuació Fundació Alumni Amics UAB; cal IP de la UAB). Recordeu, per altra banda, que l’Associació Amics de la UAB té la potestat de nombrar membres del Consell Social (veure pàg. 17 del Informe 17/2015 de la Sindicatura)…

La situació és un déjà vu a la UAB: primer tímidament s’inicien activitats mercantils superposades a les pròpies d’una Universitat Pública. Veient que ningú diu res i que s’obtenen importants rèdits personals, es professionalitza el procediment i es constitueixen ens amb personalitat jurídica pròpia per tal de fer més eficient el procés de depredació de recursos; per exemple per la via d’aprofitar-se dels avantatges en matèria de contractació que dona el paraigües d’una Fundació: veure el documentInstruccions internes de la fundació per als estudis de prevenció i seguretat integral, reguladores dels procediments d’adjudicació dels contractes d’obres, subministraments i serveis no subjectes a regulació harmonitzada”. Si hi ha problemes, sempre està la UAB per respondre dels mateixos, via transferències, avals de préstecs etc. donat que els capitostos del patronat acostumen a ser les autoritats acadèmiques de la UAB. Si tot i així, es mantenen les dificultats, la via fàcil és extingir l’ens problemàtic per tal de crear-ne un altre amb les mateixes funcions però lliure de les càrregues de l’anterior: és el que es va fer amb l’antiga Fundació per als Estudis de Prevenció i Seguretat Integral (FEPSI) que va ser absorbida per la FUAB el 9-IX-2014 i les seves funcions adscrites a una nova fundació: l’Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona – fUABf – (veure acord 5/2015 del Consell de Govern de 27-I-2015 així com l’acord de desadscripció de la UAB del Consell de Govern de 20 de maig de 2015). A qui beneficia tot el procés? a la gent que s’hi lucra: alts càrrecs directius dels diversos ens; professorat dels cursos etc.

Qui té responsabilitat en tot plegat? Com d’altres fundacions, l’òrgan de govern de la FUAB és un Patronat. En el cas de la FUAB el president és el Rector, Sr. Ferran Sancho Pifarré, i les vice-presidentes la Secretària General de la UAB i l’adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Permanent, la Sra. Montserrat Balagueró. També hi forma part del Patronat el president del Consell Social, Gabriel Masfurroll (veure també “Gabriel Masfuroll, Carles Vilarrubí i un dirigent d’Unió van encaminar Urdangarin pel món dels negocis”) així com la Vicerectora d’Economia, Montserrat Farell i el Gerent de la UAB, Joan Melcion.

Més enllà de l’anàlisi de les dades anteriors, i, més encara, d’altres provinents de fonts distintes a la Sindicatura que més endavant explotarem, instem al Rector que acabi amb la sangria de diners públics que suposa la FUAB i doni explicacions del que ha estat passant a la FUAB els darrers anys. Aquesta vegada, això sí, no ens menteixis tal com vas fer aquí.

INSPECCIÓ DE TREBALL CONSTATA IRREGULARITATS EN LA FIGURA DE PROFESSORAT VISITANT PER PROMOCIÓ INTERNA (Tenure track) I REQUEREIX QUE ES CORREGEIXIN

En diverses ocasions des de la secció sindical de la CGT – UAB us hem anat informat de les irregularitats en la contractació de professorat a la nostra universitat (veure aquí i aquí). Generalment quan les hem difós prèviament ho havíem comunicat ja fos en una mesa de negociació o mitjançant carta entrada per registre als representants de l’Equip de Govern. Sempre com a darrera instància, i davant la manca de voluntat de la UAB de resoldre una determinada situació, en ocasions des de la CGT – UAB hem presentat denúncies a inspecció de treball. Aquest és el cas de la denúncia presentada a Inspecció de Treball el passat 25 de febrer per la utilització irregular de contractes de professor visitant sota la denominació de tenure track a departaments de la Facultat d’Economia i Empresa i complementada amb informació addicional.

Resumidament en aquesta denúncia es constatava:

1) La contractació de professorat amb tenure track utilitzant contractes de professor visitant en departaments de la UAB.
2) En aquests contractes no s’exigia que el professor contractat provingués d’una institució acadèmica o de recerca externa amb la qual hi tingués una relació contractual.
3) Que en algunes ocasions se superava la durada màxima que la normativa vigent (Conveni Col·lectiu de les Universitats Públiques Catalanes, Reglament de professorat de la UAB) estableix pels contractes de professors visitants de 3 anys.
4) Que l’oferta de la contractació no es duia a terme mitjançant la publicitat pública que requereix la normativa aplicable, sinó a partir de portals d’internet privats als quals només s’hi pot accedir a través de subscripcions de centenars d’euros.
5) La utilització en frau de llei de la figura contractual de professor visitant.

El passat 25 de novembre, arran de tenir coneixement d’una nova oferta de contractació de professorat visitant publicitada únicament a través del portal d’internet privat, des de la CGT-UAB vam presentar una segona denúncia per a posar novament aquests fets en coneixement de la Inspecció de Treball.

Aquest dilluns hem tingut coneixement de la resolució de les dues denúncies que podeu consultar en aquest enllaç la corresponent a la denúncia de 25 de febrer i en aquest altre enllaç per la del 25 de novembre.

De manera resumida, Inspecció de Treball conclou que:

a) La UAB hauria de notificar totes les contractacions al comitè d’empresa, cosa que no ha fet, i l’emplaça a fer-ho de manera immediata.
b) Que, d’acord amb els art. 13 i 14 del Conveni col·lectiu, les convocatòries i concursos han de ser públics
c) Que, la contractació denunciada no s’ajusta a la figura de professor visitant i requereix a la UAB que ho resolgui immediatament.
d) Que, d’acord a l’article 11 del Conveni col·lectiu el professorat visitant haurà de ser contractat per un període de 3 anys entre professors i investigadors d’altres universitats o centres d’investigació. En particular, es llegeix a la resolució d’Inspecció (veure pàg. 4 de l’enllaç 2):

Conclusiones de la actuación inspectora:

Tras la entrevista mantenida tanto con la parte social como empresarial y, del análisis de la documentación aportada por la empresa en sede inspectora, se desprenden incumplimientos empresariales tanto en torno a los deberes de información al comité de empresa respecto de las contrataciones temporales realizadas como en torno a las contrataciones relativas a la figura del profesor visitante, por lo que se ha procedido a requerir, con fecha 7 de Diciembre de 2015 y en la orden de servicio 8/0008441/15, a la Universidad Autónoma de Barcelona que, de manera inmediata y, en lo sucesivo, dote al comité de empresa de la información relativa a las contrataciones temporales realizadas y que, las contrataciones relativas a la figura del profesor visitante se ajusten a la normativa establecida.

Des de la secció sindical de la CGT a la UAB lamentem que l’Equip de Govern sistemàticament obligui a emprendre la via de la denúncia, ja sigui a inspecció de treball o judicial, per a resoldre situacions que vulneren els drets de treballadors de la UAB. Denúncies que la immensa majoria de vegades (per no dir sempre) es resolen a favor de la part sindical.

Des de la secció sindical de la CGT a la UAB lamentem també el tracte de favor que l’Equip de Govern facilita a determinats departaments i a algunes instàncies de la UAB per a realitzar pràctiques de contractació que clarament se situen fora de la legalitat.

Bellaterra, 22 de desembre de 2015

Secció sindical de la CGT a la UAB

La UAB actua com una masia bananera

En un context on la corrupció, a força dels successius escàndols que han anat coneixent-se en múltiples àmbits, ha esdevingut quelcom “normal”, qui no forma part de la institució universitària sovint participa de la creença de la Universitat com un espai asèptic, lliure de les corrupteles i degradació d’altres institucions.

Malauradament, també en l’àmbit universitari la distància entre el que seria desitjable i la fosca realitat és ostensible. Més enllà de la instrumentalització de les estructures universitàries per la via de crear societats interposades en les seves múltiples variants (fundacions, consorcis etc.) que, amb l’excusa de ser instruments per a l’excel·lència acadèmica, en realitat esdevenen forats negres de recursos públics a millor “glòria” d’alguns grups (veure nota 1).

Tanmateix, si fa un temps informàvem de les denúncies que havíem hagut de presentar a Inspecció de Treball per irregularitats i possibles tractes de favor en determinades ofertes de contractació de professorat (veure nota 2) o l’existència de professorat sense contracte (veure nota 3) ara hem de fer el mateix en relació a una situació esperpèntica.

És possible que una Universitat Pública Catalana ofereixi places de professorat a través d’un portal privat? És possible que es faci oferta de places de professorat al marge dels canals establerts d’oferta pública d’ocupació? És possible que la UAB procedeixi al marge del que estableix el Conveni de les Universitats Públiques Catalanes (veure nota 4) i del mateix Reglament de Professorat de la UAB en el seu article 9? (veure nota 5). Pel que sembla sí que ho és segons la Open Position publicada a Akadeus per a Professorat Visitant (veure nota 6).

És possible que una Universitat Pública Catalana ofereixi places de professorat sense fer pública la Comissió de Contractació que ha de resoldre les places ni s’ha informat de tal convocatòria al Comitè d’Empresa del Personal Docent i Investigador laboral de la Universitat Autònoma de Barcelona ni tampoc als canals oficials d’oferta de places del PDI de la Universitat (veure nota 7)? Sembla que sí, que ho és, com demostra la publicació a Akadeus (veure nota 8).

És possible que una Universitat Pública Catalana ofereixi places de professorat mitjançant un portal privat de pagament? Sí, que ho és, a Akadeus (veure nota 9).

Per aquestes i d’altres raons hem presentat el dia 25 una denúncia per via urgent que ha estat admesa a tràmit per part del servei de guàrdia d’Inspecció de Treball i hem sol·licitat que es citi al Rector i al Vicerector de Professorat ateses les seves presumptes responsabilitats per raó de càrrec i donat a més que la figura de professorat visitant és una de les que consta en el document de Configuració de Plantilles de Professorat que s’ha tret de la màniga l’Equip de Govern (veure nota 10).

Secció Sindical de CGT a la UAB

Notes:
(1) Vegi’s, com avís per a navegants, entre molts d’altres, el cas del Parc Científic de la Universitat de Girona: http://www.eldiario.es/catalunya/burbuja-immotecnologica-estalla-Girona_0_345066368.html. Per altra banda, ja el 12 de gener de 2012 un mitjà tant “revolucionari” com ”La Vanguardia” es feia ressò dels problemes dels parcs científics: http://www.lavanguardia.com/economia/20120123/54245746026/parques-cientificos-catalanes-tienen-300-millones-deuda-impagable.html

(2) “Irregularitats i tractes de favor?” (https://cgtuab.wordpress.com/2015/06/15/irregularitats-i-tractes-de-favor/)

(3) “La UAB demana endarrerir la vista a Inspecció de Treball pel cas del Professorat sense Contracte” (https://cgtuab.wordpress.com/2014/09/12/la-uab-demana-endarrerir-la-vista-a-inspeccio-de-treball-pel-cas-del-professorat-sense-contracte/).

(4) “Conveni col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes”, DOGC, 4821, 14.2.2007 (http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=429963&language=ca_ES).

(5)“Reglament del Personal Acadèmic de la Universitat Autònoma de Barcelona” (http://www.uab.cat/doc/Text_refos_reglament_personal_academic).

(6) Open Position: Universitat Autònoma de Barcelona. 6.11.2015 (https://www.akadeus.com/announcement,a1902.html).

(7) “PDI: Convocatories i Concursos” (https://www.uab.cat/web/professorat/concursos-de-places-de-professorat-1096479119189.html).

(8) Open Position: Universitat Autònoma de Barcelona. 6.11.2015 (https://www.akadeus.com/announcement,a1902.html).

(9) Akadeus: Pricing (https://www.akadeus.com/pricing,d36.html).

(10) “Configuració de les plantilles de professorat dels departaments de la UAB”, document presentat a la Comissió de Personal Acadèmic en data 29-X-2015.
https://webs2002.uab.es/o-coordinacio-institucional/1_Comissions/Personal_Academic/29-10-2015/PUNT3/punt3-document-CPA291015.pdf (cal IP de la UAB).

Irregularitats i tractes de favor?

Companya, Company,

Els darrers dies haureu rebut dos comunicats (veure aquí i aquí) on us fèiem ressò de la repressió que estem patint per part del Rector. Tanmateix, cap sistema autocràtic pot perviure solament amb la repressió. Necessita també desenvolupar xarxes amb les que assegurar lleialtats. En aquest sentit, com recordareu, el passat 25 de febrer vam denunciar a Inspecció de Treball irregularitats en la convocatòria de places de professorat. Aquestes irregularitats afecten a departaments de la Facultat a la que pertany el Rector. El 2013 i el 2014 ja n’havíem denunciat d’altres fets on ens van donar la raó: veure aquí; aquí i aquí, que afectaven els mateixos departaments de la Facultat a la que pertany el Rector.

En connexió amb l’anterior, hem entrat per Registre la petició que podeu consultar aquí, atesa la persistència en les irregularitats, tant en l’ús de determinades figures contractuals (veure articles 9.3 i 9.4 del reglament de personal acadèmic) com en l’aplicació de reduccions en l’activitat docent per motius inexistents en el model de dedicació acadèmica.

Denúncia a Inspecció de Treball convocatòries de “Tenure track”

Ateses les irregularitats detectades en les convocatòries de places de professorat, i donada l’absència de cap resposta per part del Vicerector de Professorat i Programació Acadèmica quan se les vam fer avinents fa mesos, hem presentat una denúncia a Inspecció de Treball que podeu consultar aquí: Denuncia Tenure Track

Secció sindical de la CGT a la UAB

La premsa es fa ressò de la denúncia i requeriment urgent que va presentar la secció sindical de CGT a la UAB

“El nuevo modelo de plantilla del campus de la Autónoma subleva al profesorado. Los sindicatos denuncian que se aumenta las horas lectivas, cosa que creará excedente de docentes”